Ley Mordaza: el principio de la censura
Desde el Ejecutivo Federal se ha impulsado una controvertida iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que pretende recentralizar las funciones de regulación en la materia, debilitando al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano constitucional autónomo que hasta ahora ha garantizado la imparcialidad en el sector. La propuesta abre la puerta a un preocupante escenario de censura, vigilancia y silenciamiento de voces críticas, lo que ha encendido alertas tanto en la sociedad civil como en diversos sectores políticos.
La iniciativa, de 226 páginas y 283 artículos, ha sido calificada por el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, como “el último clavo en el ataúd de la democracia”. Y no es una exageración: su contenido, actualmente regresado a comisiones legislativas por la presión social, representa una regresión autoritaria que contraviene principios fundamentales del orden democrático y del pluralismo informativo.
Uno de los puntos más alarmantes de la reforma es la eliminación del IFT y la transferencia de sus atribuciones a una nueva instancia dependiente del Ejecutivo: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que tendría la facultad de regular, supervisar e incluso promover el contenido de medios de comunicación, tanto impresos como digitales. Esta agencia, en los hechos, se perfila como un instrumento centralizador que podría operar como un filtro ideológico del gobierno en turno, ejerciendo control sobre el espectro radioeléctrico, redes públicas de telecomunicaciones, infraestructura digital, recursos orbitales y comunicaciones vía satélite.
La propuesta no se limita al ámbito técnico. También establece nuevas modalidades de concesión, como el uso compartido del espectro radioeléctrico y la autorización de servicios en contextos específicos, todo ello bajo el control exclusivo de la ATDT. Las licitaciones, asignaciones y demás mecanismos quedarían sujetos a criterios discrecionales que podrían vulnerar principios de equidad y competencia.
Uno de los argumentos utilizados para justificar la reforma ha sido el supuesto interés por impedir la transmisión de propaganda extranjera en México. Sin embargo, este discurso pierde fuerza ante la evidencia: de los 283 artículos de la iniciativa, solo tres se refieren a dicha regulación. En ellos se estipula que cualquier contenido extranjero deberá contar con la aprobación previa de la Secretaría de Gobernación para poder ser difundido en territorio nacional, dejando al criterio político lo que puede o no ser escuchado o visto por los mexicanos.
Desde el PRI, la postura ha sido firme. El presidente Alejandro Moreno ha señalado que esta iniciativa no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que también representa una posible violación a los compromisos adquiridos por México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “En Morena ya no les interesa qué diga la gente, qué opine. Están aferrados al poder”, expresó el dirigente nacional.
En el mismo sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, reconoció que si bien su partido está en contra de la propaganda política extranjera en México, esta reforma no busca resolver ese problema, sino consolidar un modelo de comunicación bajo control estatal, lo que podría poner en entredicho los acuerdos internacionales suscritos con operadores privados. “La hemos llamado Ley Mordaza, la ley de la censura del bienestar”, sentenció.
La discusión sigue abierta, pero el mensaje es claro: el PRI rechaza cualquier intento por coartar la libertad de expresión, limitar la autonomía de los órganos reguladores o vulnerar los derechos de las y los mexicanos a estar informados. Defender la democracia también implica defender el derecho a disentir.
