Democracia al sorteo: Elección Judicial 2025
El 1 de junio de 2025 marcó un hito en la historia política de México: por primera vez, la ciudadanía fue convocada a las urnas para elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Este proceso, inédito en la vida democrática del país, formó parte de una reforma estructural promovida al final del sexenio anterior y consolidada por la actual administración. Sin embargo, lo que se presentó como un avance histórico hacia la democratización del sistema judicial terminó rodeado de incertidumbre, críticas y cuestionamientos por su implementación apresurada y su débil impacto cívico.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta elección fue la escasa participación ciudadana. De acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), apenas entre el 12.5% y el 13.3% del padrón electoral emitió su voto. Esta cifra se posiciona entre las más bajas registradas en la historia electoral contemporánea de México. El desinterés de la población se explica, en gran medida, por la limitada información disponible sobre los más de 7,000 aspirantes que contendieron por los distintos cargos judiciales, así como por la complejidad logística del proceso.
Además de la apatía ciudadana, la elección fue objeto de severas críticas por parte de académicos, juristas y organizaciones de la sociedad civil. Muchas voces advirtieron que abrir los procesos judiciales a la elección popular, sin establecer criterios claros y mecanismos de control adecuados, podría debilitar en lugar de fortalecer la independencia del Poder Judicial. La posibilidad de que actores políticos, grupos económicos o incluso el crimen organizado influyeran en las campañas judiciales fue una realidad. Para muchos analistas, esta elección no solo expuso al sistema judicial a la lógica electoral, sino que también lo dejó vulnerable a intereses ajenos a la justicia.
Desde el plano institucional, el INE enfrentó numerosos obstáculos para organizar esta elección. La falta de recursos financieros y de tiempo para una campaña de información efectiva mermó significativamente la calidad del proceso. A esto se suman más de 300 impugnaciones legales y controversias constitucionales que acompañaron la reforma, reflejo del desacuerdo político y la fragilidad jurídica que rodeó su aplicación.
Pese a estas dificultades, el oficialismo celebró la jornada como un “éxito histórico” y reafirmó su compromiso con la transformación del sistema judicial. Sin embargo, el contraste entre ese discurso y la realidad de una elección marcada por la desinformación, el bajo interés ciudadano y los riesgos de captura política revela los profundos desafíos que enfrenta esta reforma.
La elección del Poder Judicial resalta que la justicia no puede implicar sacrificar su imparcialidad, profesionalismo e independencia. Si no se corrigen sus deficiencias, esta reforma podría terminar minando la confianza pública en uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho: un Poder Judicial autónomo, técnico y al servicio de la legalidad y no de los intereses políticos.
Fuente: El País
Fotografía: ADN40
