Sesgos de género: una barrera persistente para la participación política de las mujeres
La participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones continúa siendo una deuda pendiente en buena parte del mundo. Aunque se han registrado avances en términos de representación, los datos actuales reflejan que los obstáculos estructurales y los sesgos de género siguen limitando seriamente su acceso a posiciones de poder.
Según cifras recientes de ONU Mujeres, el 87 % de las mujeres que ocupan cargos ministeriales lideran carteras tradicionalmente asociadas al cuidado y a los temas sociales, como Igualdad de Género, Familia, Infancia o Inclusión Social. Esta tendencia evidencia un patrón persistente de segregación institucional, donde las mujeres siguen siendo excluidas de ministerios estratégicos como Economía, Defensa, Finanzas o Relaciones Exteriores. Tal distribución no solo reproduce estereotipos, sino que limita el margen de acción e influencia de las mujeres en las decisiones clave del desarrollo nacional e internacional.
A ello se suma una señal de retroceso en cuanto a la institucionalización de políticas de igualdad. En 2020 existían 80 ministerios o instancias gubernamentales específicas para atender la agenda de género; para 2024, esta cifra ha descendido a 74. Esta disminución representa una preocupante despriorización del tema en la agenda pública global, debilitando los esfuerzos institucionales que buscan avanzar hacia una igualdad sustantiva.
Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas ha hecho un llamado a los gobiernos y a los liderazgos políticos del mundo para adoptar medidas urgentes que impulsen la participación efectiva de las mujeres en los espacios de poder. Entre las acciones recomendadas se encuentran la implementación de cuotas de género, la conformación paritaria de gabinetes ministeriales, y el diseño de políticas públicas orientadas a erradicar la violencia política de género, uno de los principales factores que desalientan la participación femenina.
ONU Mujeres ha señalado con firmeza que “la participación completa de las mujeres, en condiciones de igualdad, no es solo una cuestión de justicia; es también una condición esencial para cumplir con los compromisos asumidos en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”. A más de dos décadas de su adopción, dicho documento continúa siendo un marco de referencia para la implementación de políticas públicas con enfoque de género, y subraya la urgencia de traducir los compromisos internacionales en acciones concretas y sostenibles.
Si bien es innegable que se han logrado conquistas importantes como el reconocimiento del derecho al voto, el acceso a la educación y una creciente visibilidad en el ámbito público, las mujeres aún enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso real al poder. De acuerdo con el mismo informe, solo 27 países son gobernados actualmente por una mujer, y al menos 103 nunca han tenido una jefa de Estado o de Gobierno. Este déficit de representación es especialmente pronunciado en regiones como Asia, donde los factores culturales, las tensiones políticas y la violencia de género limitan severamente el ascenso de las mujeres a cargos de alta jerarquía.
Uno de los factores más disuasivos es, sin duda, la violencia política por razones de género. Amenazas, campañas de desprestigio, discriminación mediática, y agresiones verbales o físicas son parte del panorama que enfrentan muchas mujeres que se atreven a competir por un cargo de elección popular. Además, los conflictos sociopolíticos y la reproducción de normas patriarcales en distintos contextos, como sucede en algunas regiones del Medio Oriente, refuerzan estereotipos que asignan al hombre y a la mujer roles diferenciados y limitantes.
Transformar esta realidad requiere más que buenas intenciones: se necesita un compromiso decidido de los Estados, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto. Es urgente reformar las estructuras de poder sociales, económicas, culturales e institucionales para garantizar igualdad de condiciones en el acceso, permanencia y ejercicio del poder, así como construir entornos políticos libres de violencia, discriminación y exclusión.
Información: El Economista
Fotografía: Archivo ONU
