GPPRI propone Comité de Evaluación de Austeridad Republicana
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), impulsa una iniciativa para crear el Comité de Evaluación de Austeridad Republicana, y obligar al gobierno federal a justificar con un informe de impacto económico, social y jurídico “las decisiones que están tomando sin ningún tipo de diagnóstico”.
La iniciativa encabezada y firmada por las y los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Ignacio Moreira Valdez, entre otros, se advierte que la política de austeridad ha sido utilizada como excusa para reducir presupuesto o desaparecer programas estratégicos.
Por la llamada austeridad, se eliminaron las instancias infantiles, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo de Promoción Turística, el Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Promexico, y el Instituto Nacional del Emprendedor, por mencionar algunos.
Con la propuesta, cada decisión del gobierno deberá contar con la opinión de la CNDH, el Coneval y el Inegi para poder determinar su viabilidad “y que antes de ser implementadas sean evaluadas por el Comité de Evaluación de Austeridad Republicana a efecto de que se tenga claridad en las consecuencias, beneficios y alcances de su implementación”.
“Se propone establecer que cualquier política que sea justificada en la austeridad republicana y que tenga por objeto la reducción presupuestal a programas sociales o la eliminación de alguno de ellos; así como la desaparición, simplificación o fusión de dependencias o instituciones enfocadas a salvaguardar los derechos sociales de la ciudadanía, deberá contar, previo a su implementación, con un informe que contenga un impacto, económico, social y jurídico”, señala la propuesta.
En los informes se deberá comprobar si realmente existirá ahorro con dicha medida, a dónde se trasladará el gasto y si el monto justifica el recorte o eliminación del programa social o la desaparición de la dependencia.
En el estudio de impacto social se deberá detallar qué sectores de la población se verían beneficiados, mientras que con el estudio jurídico “se deberá asegurar que las modificaciones propuestas no afectarán los derechos de las y los mexicanos”.
La iniciativa que busca reformar diversas disposiciones de las Leyes Federal de Austeridad Republicana; del Instituto Nacional de las Mujeres; General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue publicada este martes en la gaceta parlamentaria.
Información: El Universal
Fotografía: Político Mx
