Violencia en aumento: un reto urgente para la seguridad nacional
Durante 2024, México experimentó un preocupante repunte de la violencia. Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registraron más de 34 mil homicidios a nivel nacional, lo que equivale a un promedio de 91 asesinatos diarios. Esta cifra representa un incremento del 3% respecto a 2023, cuando se contabilizaron poco más de 33 mil casos.
El aumento revierte la tendencia a la baja observada en años previos y también impacta en la tasa nacional de homicidios, que pasó de 24.9 a 25.6 por cada 100 mil habitantes. Este indicador permite dimensionar de forma más precisa el peso de la violencia homicida en relación con la población.
Uno de los factores más alarmantes es el creciente uso de armas de fuego. En 2024, siete de cada diez homicidios fueron cometidos con este tipo de armamento, lo que evidencia la urgencia de atender el problema del tráfico y la posesión ilegal de armas en el país. Además, el 9% de los asesinatos se perpetró con armas blancas y el 7% mediante estrangulamiento, ahorcamiento o sofocación intencional.
La violencia se concentra en ciertas regiones. Cinco entidades federativas acumularon el 42% de los homicidios: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco. Guanajuato encabezó la lista con 4,015 asesinatos, seguido del Estado de México (3,277), Baja California (2,450), Chihuahua (2,305) y Jalisco (1,749).
No obstante, al analizar las tasas por población, el panorama resulta aún más alarmante. Colima presentó la cifra más alta del país, con 123 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi ocho veces el promedio nacional y 30 veces más que Yucatán, la entidad con menor incidencia (3). Le siguieron Morelos (77), Baja California (65) y Guanajuato (63). Estas cifras no sólo confirman la magnitud del problema, sino también su marcada desigualdad territorial.
La persistencia y el crecimiento de la violencia homicida en México deben encender las alarmas institucionales. Resulta indispensable reforzar las estrategias de seguridad, el control de armas y la prevención del delito, así como profundizar en el análisis territorial para diseñar intervenciones focalizadas.
El país enfrenta un desafío estructural que exige coordinación entre los tres niveles de gobierno, participación ciudadana activa y colaboración con organismos internacionales. La construcción de paz y justicia continúa siendo una tarea impostergable para garantizar el bienestar y la seguridad de toda la población.
Información: El Economista
Fotografía: Capital Edomex
