Histórico aumento en fideicomisos para el Ejército
Mientras la Cámara aprobaba la extinción de 109 fideicomisos, los recursos para Defensa han aumentado más que nunca. Fuera de la lista quedaron unos fondos intocables, a los que no solo no les han afectado los recortes, sino que han sido los más beneficiados durante este Gobierno.
La Secretaría de la Defensa (SEDENA) cuenta con cuatro fideicomisos con 31.980 millones de pesos disponibles para compra de equipo militar, haberes de retiro, pensiones y compensaciones, subsidios a los hijos del personal del Estado Mayor Presidencial y a familiares de militares fallecidos en misiones de alto riesgo. Ninguno de estos fondos, que también se rigen bajo el esquema que el presidente ha señalado de “opaco y corrupto” ha sido tocado. De hecho, ningún Gobierno antes había financiado con esta cantidad de recursos al Ejército.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, mostró que los recursos destinados al Ejército pasaron de unos 4.000 y 5.000 millones de pesos -durante los dos sexenios anteriores- hasta los más de 30.000 millones a mediados de este año con el Gobierno actual.
Se trata de uno de los montos más altos de los fideicomisos públicos que no ha eliminado esta Administración, según las cuentas de la Secretaría de Hacienda. Y la suma ha alcanzado al fondo de estabilización presupuestaria, los ahorros del Estado, que se redujeron a finales del año pasado para tapar los agujeros del gasto y compensar los ambiciosos programas sociales y de infraestructura del Gobierno de la 4T.
De esos cuatro fideicomisos, llama especialmente la atención el destinado a la compra de equipo militar, pues dispone de 30.193 millones de pesos, casi el total de todo lo que recibe la SEDENA. Un fondo que, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, fue utilizado en 2012 para otros fines muy distintos, como el mantenimiento de aeronaves, la ampliación de un estacionamiento, además de para evitar que los excedentes fueran devueltos a la Tesorería. El órgano concluye en su informe que el fondo «carece de procedimientos formales que regulen el registro, control y seguimiento de los recursos”.
Con información de El País/ADN
Fotografía de SEDENA
