El juez especializado en competencia económica otorgó dos suspensiones definitivas contra la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), con lo cual puso freno a la intención del gobierno de cambiar las reglas del juego a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en Competencia Económica, fue quien concedió las suspensiones luego de que en días anteriores otorgó suspensiones provisionales, lo que llevó al presidente a pedir una investigación en su contra.
Con estas medidas, se frena cualquier cambio en el funcionamiento del sistema eléctrico del país hasta que el Poder Judicial declare si la reforma es constitucional o no.
Las suspensiones fueron otorgadas por separado a dos empresas, Zuma Energía y Eoliatec, Gómez Fierro estimó que el efecto debe extenderse a todas las compañías participantes del sistema para evitar ventajas a las dos firmas amparadas.
“Debe precisarse que los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por una empresa que realiza una actividad regulada en el sector eléctrico, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector”, apuntó el juez.
Ante las medidas, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen 10 días para interponer una impugnación ante un tribunal colegiado de circuito, escenario en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer el caso para determinar la constitucionalidad de la reforma.
Esta mañana, previo a que el juez publicará las suspensiones, el titular del ejecutivo contempló que los amparos llegarán a la Suprema Corte e incluso afirmó que si ésta echa para atrás la reforma, debería cambiar de nombre a “Suprema Corte del Derecho”, ya que la intención de los cambios es beneficiar a una empresa del pueblo y no a particulares.
El mandatario insistió en que si la reforma es declarada inconstitucional, enviará al Congreso una reforma a la Carta Magna para que el texto referente a la industria eléctrica regrese a lo que decía en el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964), presidente que nacionalizó el sector.
Información de Forbes México
Fotografía Milenio
