PRI rechaza Ley de Aguas por riesgos al campo y falta de claridad
El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión votó en contra del dictamen de la nueva Ley General de Aguas, tras concluir que el documento aprobado por la mayoría presenta vacíos legales, contradicciones internas y riesgos directos para las actividades productivas en diversas regiones del país. Para las y los legisladores priistas, el manejo del agua exige una reforma seria, técnicamente sólida y construida con la participación de quienes viven del campo y dependen de este recurso para trabajar y sostener a sus comunidades.
A lo largo del proceso legislativo se realizaron ajustes sustanciales al proyecto original; sin embargo, las y los diputados del PRI señalaron que dichos cambios no resuelven los problemas estructurales del dictamen. La iniciativa mantiene definiciones imprecisas sobre concesiones, criterios ambiguos para asignaciones y reglas que podrían afectar la continuidad productiva en zonas agrícolas y ganaderas. La falta de claridad en la transmisión de derechos, la ausencia de mecanismos que garanticen certidumbre jurídica para los usuarios y la posibilidad de decisiones discrecionales representan —según el tricolor— un retroceso que podría impactar al campo mexicano.
El PRI también advirtió que la propuesta careció de un diálogo real con los sectores involucrados. Productores agrícolas, ganaderos y comunidades rurales solicitaron reiteradamente ser escuchados, pero sus comentarios no se reflejaron plenamente en la redacción final. Para las y los legisladores priistas, una ley de esta magnitud requiere diagnósticos técnicos robustos, análisis de impacto regional y la inclusión de quienes conocen de primera mano los retos del manejo del agua. Sin ese proceso, afirmaron, cualquier reforma corre el riesgo de ser inoperante o incluso perjudicial.
En diversas entidades, representantes locales y organizaciones de usuarios del agua han expresado preocupación por los alcances de la nueva legislación. La incertidumbre sobre la continuidad de actividades productivas, la posibilidad de sanciones duplicadas y la falta de un marco claro para la gestión del recurso generan inquietud y podrían traducirse en afectaciones económicas y sociales de gran escala. Para el PRI, no puede aprobarse una norma que deje en la indefinición a quienes sostienen la producción agrícola y alimentaria del país.
Las y los diputados priistas reiteraron que el partido está a favor de una reforma integral del sistema hídrico nacional, pero no de un dictamen que podría profundizar los conflictos por el agua, incrementar la discrecionalidad administrativa y generar nuevos problemas legales. El tricolor insistió en que México necesita una Ley General de Aguas que brinde certidumbre, que promueva el aprovechamiento sostenible y que garantice el derecho humano al agua sin poner en riesgo la productividad y el desarrollo regional.
El PRI reafirmó su compromiso con impulsar un diálogo nacional amplio que permita construir una legislación moderna, equilibrada y con visión de futuro. La prioridad, señalaron, debe ser proteger a las familias del campo, promover una gestión responsable del recurso y asegurar que las decisiones públicas se tomen con evidencia, consenso y participación social real.
Información: Vértigo Político
Fotografía: GPPRI
