Riesgos operativos y vacíos institucionales en la reforma hídrica

Especialistas en gestión pública y política hídrica advirtieron que la iniciativa de reforma a la Ley General de Aguas podría derivar en mayor burocracia e incentivar prácticas informales, si no se acompaña de una estructura institucional sólida y financiamiento suficiente para su aplicación.

Investigaciones realizadas por el Colegio de la Frontera Norte reconocen avances en el proyecto, como el reconocimiento del agua como bien estratégico y derecho humano. No obstante, alertan que su implementación implica riesgos para comunidades rurales e indígenas. En el país operan más de 28 mil comités comunitarios de agua sin reconocimiento jurídico y con recursos limitados, lo que los dejaría en una situación de vulnerabilidad frente a nuevas disposiciones.

Desde el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), su coordinador de Energía y Medio Ambiente señaló que la reforma pretende reforzar la rectoría del Estado sobre el recurso, pero varios artículos podrían incentivar la informalidad. Un caso es la prohibición de transferir concesiones: actualmente, al vender un terreno, el propietario ya no podría transmitir el título de agua al comprador, sino devolverlo al Estado para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lo reasigne. El problema, subrayó, es que la Conagua ha perdido capacidad operativa desde el inicio del anterior sexenio, debido a recortes presupuestales y déficit de personal técnico. Hoy, las tareas de inspección y sanción por mal uso del recurso ocurren más en el papel que en el territorio.

Durante la jornada de evaluación, los especialistas coincidieron en que el desafío no radica en los objetivos de la reforma, sino en su viabilidad administrativa y presupuestal. Sin inversión en infraestructura, digitalización y capacitación, advirtieron, la nueva ley podría volver más complejos los trámites y elevar los costos para los usuarios formales, mientras los operadores irregulares seguirían al margen de la regulación.

También alertaron sobre un diseño excesivamente centralista que podría debilitar los modelos de gestión comunitaria, pese a que han demostrado eficacia en zonas donde el Estado tiene escasa presencia. Consideran indispensable equilibrar la gobernanza estatal con la participación local y la autonomía comunitaria, para evitar reproducir esquemas históricos de control burocrático que frenan la eficiencia del sector.

Finalmente, plantearon que una reforma hídrica efectiva debe cimentarse en planeación técnica, coordinación interinstitucional y transparencia, no en la creación de nuevas cargas administrativas. Señalaron que una política sostenible debe priorizar la protección del recurso, la reducción de desigualdades en el acceso y el fortalecimiento de capacidades locales, antes que generar estructuras que dupliquen funciones o siembren incertidumbre jurídica.

información: El Economista

Fotografía: News Hidalgo