PRI rechaza instalación del nuevo Poder Judicial electo por voto popular
México inauguró este lunes una nueva etapa en la historia de su sistema judicial con la toma de protesta de más de 800 cargos electos por voto popular, entre ellos ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, así como juezas y jueces federales y estatales. La inédita reforma, impulsada por el oficialismo y avalada en los comicios realizados el pasado 1 de junio, coloca a México como el primer país en América Latina en instaurar este modelo. Sin embargo, diversos sectores —partidos políticos, académicos, organizaciones civiles y medios de comunicación— han manifestado su preocupación, pues consideran que el Poder Judicial queda expuesto a intereses partidistas y al riesgo de injerencias del crimen organizado.
En este contexto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que no asistirá a la instalación de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal. La dirigencia nacional, encabezada por el senador Alejandro Moreno y la senadora Carolina Viggiano, junto con el coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado, Manuel Añorve, precisaron que la decisión de la bancada priista responde a una postura firme de defensa de la autonomía de los poderes de la Unión.
Las y los legisladores priistas subrayaron que la reforma judicial aprobada “no garantiza independencia ni fortalece al sistema democrático”, sino que representa un “mecanismo de control político” promovido desde el oficialismo, cuyo verdadero propósito es concentrar el poder y eliminar los contrapesos que protegen la libertad y los derechos de las y los mexicanos.
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado sostuvo que este nuevo modelo de elección popular “se adueña del Poder Judicial y lo somete a intereses de partido, anulando los contrapesos que históricamente han dado equilibrio a la vida republicana”. Añadieron que su ausencia en la instalación constituye un acto de congruencia política y un mensaje claro en contra de lo que consideran una imposición que amenaza los principios de legalidad y justicia.
“Históricamente hemos defendido la división de poderes y la autonomía de las instituciones como pilares fundamentales de la República. No vamos a convalidar el secuestro y la destrucción de las normas y leyes que son base de nuestra democracia”, puntualizó el PRI en un comunicado oficial.
Asimismo, el partido tricolor reiteró que su compromiso está con la defensa de las instituciones del Estado mexicano, que son patrimonio de la sociedad y garantes del Estado de derecho. Enfatizó que con el nuevo esquema no solo se debilita la vida democrática del país, sino que también se deja en un estado de indefensión a quienes no comparten la visión del régimen en turno.
Finalmente, el PRI recalcó que seguirá trabajando desde el Congreso y en todos los espacios políticos para construir una alternativa seria y responsable, que permita preservar el equilibrio de poderes y la vigencia plena de la democracia en México.
Información: Prensa PRI
Fotografía: Archivo
