Debilitan derechos humanos con reforma al amparo
Legisladores federales del Grupo Parlamentario PRI, a través de su Coordinador de Bancada, el Diputado Rubén Moreira, advirtieron que la reforma al juicio de amparo aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión podría tener efectos retroactivos, afectando los derechos de los ciudadanos y la certeza jurídica en procesos judiciales en curso.
Durante la sesión legislativa, se destacó que el dictamen presenta una redacción ambigua que permitiría aplicar las nuevas disposiciones a juicios ya iniciados, contraviniendo el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14 constitucional. Especialistas señalaron que esto podría impactar suspensiones otorgadas y resoluciones previamente ganadas por los promoventes de amparo.
El juicio de amparo es una garantía fundamental consagrada en la Constitución mexicana, diseñada para proteger a las personas frente a actos arbitrarios de las autoridades. Por ello, cualquier modificación legislativa debe cumplir con los más altos estándares de legalidad y respeto a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México.
En el debate se advirtió que la reforma busca considerar al amparo únicamente como un procedimiento procesal, cuando en realidad es un instrumento constitucional de protección de derechos. Bajo esta interpretación, se podría abrir la puerta a la aplicación retroactiva de normas, debilitando el control judicial sobre los actos de autoridad.
Asimismo, se expresó preocupación por la falta de transparencia en la discusión, señalando que la reforma se debatiría en sesiones nocturnas, limitando la participación de la sociedad civil y del sector académico.
Diversos legisladores resaltaron que la iniciativa podría tener implicaciones económicas y fiscales importantes, al afectar más de 200 mil litigios vinculados a controversias tributarias por un valor superior a los dos billones de pesos, beneficiando potencialmente al gobierno federal en procesos judiciales en curso y comprometiendo la imparcialidad y equilibrio entre los poderes del Estado.
Juristas y analistas constitucionalistas coincidieron en que cualquier modificación al juicio de amparo debe garantizar la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica de las personas, mediante un análisis amplio, transparente y con la participación de especialistas en derecho constitucional y procesal.
Finalmente, los grupos parlamentarios reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos constitucionales, la legalidad y la división de poderes, subrayando que el juicio de amparo constituye uno de los pilares más importantes de la justicia mexicana y que su debilitamiento representaría un retroceso institucional para el país.
Información: Comunicación Social PRI
Fotografía: El Economista
