Va por México promueve controversia constitucional por “decretazo”
La coalición Va por México en la Cámara de Diputados solicitó al presidente de la Mesa Directiva, promover una demanda de controversia constitucional en contra del llamado “decretazo” del titular del ejecutivo.
A través de un comunicado, indicaron que la solicitud a la Mesa Directiva ya fue hecha de manera formal por conducto de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), que encabeza el priista Rubén Moreira Valdez.
Lo anterior, en respuesta al acuerdo del Gobierno Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre, en el que, por instrucción presidencial, se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura.
Con lo anterior instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar permisos, licencias y autorizaciones provisionales en un máximo de cinco días hábiles, con el objetivo de iniciar proyectos a cargo del Gobierno de México
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideraron que ese acuerdo es inconstitucional, ya que “carece de un fundamento y motivación válidos”.
La coalición, afirma que el decreto contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el Gobierno federal.
Las bancadas de oposición señalaron, además, que los permisos provisionales pueden ser ilegales, pues se exceptúa el cumplir con los requisitos de ley para obtener licencias, permisos o concesiones al ser prioritarios para las autoridades federales.
Advirtieron que el decreto vulnera el marco normativo para la solicitud de los permisos, ya que se transgrede la determinación de su procedencia al no existir revisiones de impacto ambiental o revisiones a los posibles impactos sociales.
“Al catalogarse como de interés público y de seguridad nacional estos proyectos podrán ser clasificados y la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, y en consecuencia se alentará la opacidad. (…) No es legal ni constitucional que el Ejecutivo federal cree excepciones mediante acuerdos unilaterales y sin fundamento legal”
Finalmente, los legisladores detallaron que el decreto viola también las atribuciones conferidas exclusivamente al Poder Legislativo, al instruir la realización de acciones sin atender o subordinarse a las leyes que emanan de la Constitución, así como las leyes Federales y Generales.
Información: El Heraldo
Fotografía: Comunicacion San Lázaro
