Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida a la llamada “Ley Bonilla”, la que habría permitido que el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ejerciera el poder por cinco años, y no por dos para los que fue electo.
Los ministros del Pleno coincidieron que la modificación a la Constitución de Baja California transgrede a la Carta Magna y a la voluntad de las y los bajacalifornianos.
El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar consideró incluso que las violaciones en que incurrió el Congreso de Baja California con la Ley Bonilla configuran un «gran fraude constitucional».
«Coincido con todas y cada una de las violaciones que en él se identifican y vistas en su conjunto configuran un gran fraude a la Constitución», dijo.
También aseguró el ministro presidente que: «La reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio de democracia».
De esta forma la SCJN invalidó la Ley Bonilla y ordenó, como efectos de su sentencia, que se vuelva a aplicar el texto anterior de la constitución del estado, donde se establece que el gobierno terminará el 31 de octubre de 2021.
