Evitemos el lucro electoral con programas sociales
Lázaro Jiménez Aquino*
Con el propósito de evitar que las autoridades en turno lucren electoralmente condicionando la entrega de becas o pensiones a cambio del voto en las urnas, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe llevar a cabo campañas de información sobre la naturaleza de los programas sociales previstos en el artículo 4º de la Constitución Política de México y los mecanismos para eliminarlos.
En tiempos electorales existe una práctica muy común de engañar a los beneficiarios de programas sociales, en el sentido de que les pueden ser retirados los apoyos que reciben de las autoridades si no votan por las candidaturas postuladas por el partido que está en esos momentos gobernando. La mayoría de la gente erróneamente cree que dichos beneficios existen gracias a la benevolencia de la fuerza política que ostenta el poder y que, por el simple hecho de votar por cualquier otro partido político, se corre el riesgo de que los apoyos, becas y pensiones desaparezcan.
El pasado 1° de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, con lo que se elevó a rango constitucional programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población, además de instaurar un sistema nacional de salud para el bienestar para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social.
De esta manera, la reforma al artículo 4° elevó a rango constitucional programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población, además de instaurar un sistema nacional de salud para el bienestar de personas que no cuentan con acceso a la seguridad social, y aseguró la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional.
También, se mandató al Estado Mexicano a garantizar apoyo económico a personas con discapacidad permanente, el derecho a una pensión no contributiva a adultos mayores y pone en marcha un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando los que viven en condiciones de pobreza.
Esta reforma se complementó con otras reformas tanto constitucionales como legales en donde se tipificó como delito el uso de programas sociales con fines electorales.
El objetivo primordial de esta reforma fue proteger constitucionalmente los apoyos económicos otorgados a las personas adultas mayores, al sector estudiantil y a las personas con discapacidad permanente, para que, a partir de su entrada en vigor, a nadie de ellos les puedan ser negados los apoyos sociales referidos. Estos apoyos económicos pasaron a ser un derecho adquirido por todas las y los mexicanos que se encuentran en dichos sectores sociales, sin importar quien esté en el gobierno.
Sin embargo, la mayoría de la población mexicana desconoce esta información, pues en el ideario popular existe la creencia de que los beneficios económicos derivados de esta reforma, pueden desaparecer con el simple cambio del poder en turno; es decir, la mayoría de la gente erróneamente cree que dichos programas sociales existen gracias a la benevolencia de la fuerza política que ostenta el poder y que, por el simple hecho de votar por cualquier otro partido político, se corre el riesgo de que los apoyos, las becas y las pensiones, desaparezcan.
Aunado a lo anterior, lamentablemente en los últimos procesos electorales, las autoridades han lucrado electoralmente con la entrega de estos apoyos, condicionando la entrega de los mismos a cambio del voto en las urnas para las candidaturas postuladas por el partido político en el poder, o bien, desinformando a la gente diciéndoles que la razón de la entrega del beneficio obedecía a quien gobernaba en ese momento.
Ello pone de relieve que la población mexicana se encuentra mal informada y no conoce la naturaleza constitucional de estos programas sociales, ni los verdaderos mecanismos para eliminarlos.
La mayoría de la ciudadanía no sabe que, para que dichos programas sociales realmente desaparezcan, es necesaria otra reforma constitucional con todos los votos que ello implica, es decir, se requeriría de nuevo que tanto el Senado como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que adicionalmente éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
Ante esta situación, hice una proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de a Unión exhorte al INE, para que realice campañas de información sobre la naturaleza de los programas sociales previstos en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los mecanismos constitucionales para eliminarlos. Es importante que se oriente e informe a la población para evitar que sea engañada.
La ciudadanía mexicana no cuenta con un voto informado, por lo que la bancada priista en el Congreso de la Unión, estará pendiente de que el Estado Mexicano, en su calidad de garante y promotor de los derechos humanos y en cumplimiento a su responsabilidad, garantice el debido ejercicio de los derechos político-electorales consagrados en nuestro sistema jurídico, y se castigue a quien los viole.
* Diputado Federal y Presidente del IRH Nacional
