PRI condena la creación del Sistema Nacional de Información
La reciente aprobación de la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha generado una fuerte oposición entre diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes denunciaron múltiples irregularidades en el proceso legislativo. Esta reforma, que fue aprobada con 445 votos a favor y 37 en contra, establece la creación del Sistema Nacional de Información, una plataforma integrada por diversos registros que permitirán a las instituciones del país compartir y actualizar datos en tiempo real.
De acuerdo con la bancada priista, la aprobación de la iniciativa estuvo plagada de inconsistencias legales y procedimentales. Señalaron que el dictamen fue modificado sustancialmente respecto a la versión aprobada en comisiones, sin que se respetaran los cauces legislativos adecuados, lo que representa una violación al artículo 72 de la Constitución. También advirtieron que el documento fue entregado a última hora y votado sin el debido análisis ni debate parlamentario, lo que cuestiona la legitimidad del proceso.
Uno de los principales cuestionamientos de las y los legisladores del PRI se centra en la vulneración de derechos fundamentales, particularmente la protección de los datos personales y la privacidad. Consideran que el nuevo Sistema Nacional de Información promueve una excesiva centralización del mando, al facultar a los gobiernos estatales para asumir funciones de seguridad en municipios que carecen de cuerpos policiales, o cuando así lo determinen los consejos estatales de seguridad. Esto podría generar un uso discrecional del poder, sin los controles necesarios, y en detrimento de la autonomía municipal.
En un país donde se han registrado más de 185 mil homicidios dolosos y más de 6 mil feminicidios en los últimos años, la bancada tricolor subrayó que legislar con prisas en materia de seguridad representa una irresponsabilidad. Alertaron que la reforma no atiende las causas estructurales de la violencia ni incorpora mecanismos eficaces de prevención, procuración de justicia o fortalecimiento institucional. Advirtieron que soluciones como la centralización y el almacenamiento masivo de datos sensibles podrían derivar en medidas autoritarias y violaciones al debido proceso.
A pesar de estos señalamientos, la mayoría oficialista promovió la iniciativa argumentando que contribuirá a mejorar la prevención, investigación y persecución de delitos, así como la reinserción social y la protección de derechos humanos, bajo una perspectiva de género y enfoque incluyente. Entre los componentes del nuevo sistema se encuentran registros como el Nacional de Detenciones, de Incidencia Delictiva, de Mandamientos Judiciales, de Medidas de Protección para mujeres, niñas y niños, y de Vehículos Robados y Recuperados.
La reforma también establece nuevas reglas para los Centros de Comando y Control (C2 y C5), los cuales centralizarán la recepción de reportes de emergencia y coordinarán las respuestas operativas. No obstante, para la bancada priista, la falta de garantías en el uso y resguardo de los datos, sumada a las irregularidades del proceso legislativo, pone en duda la eficacia y legitimidad de la reforma.
información: Milenio
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