Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
Desde 1997, cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de erradicar esta práctica inhumana y respaldar a quienes han sido víctimas. A casi tres décadas de su instauración, la tortura sigue siendo una alarmante realidad en distintas regiones del mundo, incluida América Latina, donde continúa utilizándose como instrumento de represión, castigo o coerción, en abierta violación del derecho internacional.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más de 130 países han ratificado la Convención contra la Tortura, adoptada en 1984. Sin embargo, su vigencia formal contrasta con la persistencia de casos en los que cuerpos policiales, fuerzas armadas, autoridades estatales e incluso grupos del crimen organizado recurren a estas prácticas en un contexto generalizado de impunidad.
En México, el panorama es especialmente preocupante. Entre enero de 2018 y marzo de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió 15,904 expedientes por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tan solo en 2022, se iniciaron 6,226 carpetas con 6,398 víctimas registradas; no obstante, apenas 82 casos fueron judicializados y solo cinco recibieron sentencia condenatoria. En otras palabras, más del 98% de los casos no llegan a castigo alguno.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, reiteró hoy que “la tortura es una mancha moral para la humanidad” y urgió a los Estados a prevenir, investigar, sancionar y reparar. “Erradicar la tortura no es solo una obligación legal: es una demanda ética, una cuestión de dignidad humana”, afirmó.
La impunidad también se refleja en la falta de peritajes oficiales. De las víctimas registradas en 2022, únicamente el 19% tuvo acceso a exámenes médicos o psicológicos oficiales, los cuales son fundamentales para acreditar el delito y proceder judicialmente. Esta omisión institucional no solo obstaculiza el proceso legal, sino que revictimiza a quienes ya han sufrido tortura.
Las estadísticas refuerzan el diagnóstico. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), el 65.5% de las personas detenidas reportó haber sido víctima de violencia tras su detención. De ellas, el 24% fue golpeado, el 6% recibió descargas eléctricas y otro 6% presentó lesiones graves. Además, el 38% confesó haber aceptado culpabilidad bajo amenazas o agresiones.
Particularmente alarmante es la situación de las mujeres. Un diagnóstico realizado por la Secretaría de Gobernación entre 2018 y 2022 reveló que el 73% de las mujeres entrevistadas en centros penitenciarios reportó haber sufrido violencia sexual durante su arresto o traslado. La ENPOL confirma esta tendencia: el 64.4% de las mujeres privadas de la libertad declaró haber sufrido violencia tras su detención, y el 15.5% señaló haber sido víctima de agresión sexual directa.
Organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amnistía Internacional han advertido que la creciente militarización de la seguridad pública y la criminalización de la protesta social han intensificado los riesgos de tortura. Casos de violencia sexual, confesiones obtenidas bajo coacción y detenciones arbitrarias se han documentado como patrones sistemáticos, mientras el acceso a la justicia continúa siendo limitado y desigual.
El Fondo de la ONU para las Víctimas de la Tortura reportó que en 2024 brindó apoyo a más de 50,000 personas, entre víctimas directas, familiares y comunidades, a través de 150 organizaciones especializadas en rehabilitación, atención médica y defensa legal.
Este 2025, el lema global es “Justicia, no silencio”, un llamado claro a romper el ciclo de impunidad y a garantizar que cada caso sea investigado y juzgado. En ciudades como Ginebra, Nueva York, Ciudad de México y Bogotá, se realizaron actos conmemorativos, foros públicos y encuentros con víctimas y defensores de derechos humanos.
En palabras de Nils Melzer, ex Relator Especial de la ONU sobre la tortura: “Mientras la tortura siga siendo tolerada, ningún Estado puede considerarse plenamente civilizado. La lucha contra la tortura es, en esencia, la defensa de nuestra humanidad común”.
A la luz de datos oficiales, testimonios y diagnósticos especializados, queda claro que la tortura en México no es un hecho aislado, sino una práctica sostenida que vulnera gravemente la dignidad humana. La falta de judicialización, la violencia de género y la impunidad estructural exigen acciones concretas: crear mecanismos eficaces de prevención, desmilitarizar la investigación penal, garantizar atención integral a las víctimas con perspectiva de género y asegurar que cada expediente se procese conforme a derecho. Si aspiramos a un Estado comprometido con los derechos humanos, estas cifras demandan respuestas inmediatas.
Con más de 15 mil casos abiertos en solo cinco años, una mínima cantidad judicializada y miles de víctimas documentadas, México enfrenta un desafío estructural que no admite postergaciones. La erradicación de la tortura requiere voluntad política, independencia judicial y un modelo centrado en las víctimas. Frente a la tortura, callar también es una forma de violencia.
Información: ONU
Fotografía: IA
