
Calentamiento global y su paso acelerado en México
El calentamiento global representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Se trata del aumento sostenido de la temperatura promedio del planeta, provocado principalmente por la actividad humana, como la quema masiva de combustibles fósiles, la deforestación, la expansión urbana descontrolada y los patrones de consumo insostenibles. Este fenómeno, que se manifiesta a escala global, está intensificando la frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos, acelerando la pérdida de biodiversidad, alterando los ecosistemas y amenazando de forma directa la seguridad alimentaria, la salud pública y el acceso al agua.
México no es ajeno a esta realidad. Por el contrario, el país enfrenta una situación particularmente delicada. Diversos estudios científicos han demostrado que el territorio mexicano se está calentando a un ritmo más acelerado que el promedio mundial. Durante un encuentro académico organizado por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialistas alertaron sobre la preocupante tendencia que experimenta nuestro país. Mientras que el planeta en su conjunto se calienta a un ritmo estimado de 2 °C por siglo, en México esa cifra alcanza los 3.2 °C por siglo, según lo expuesto por el investigador Francisco Estrada Porrúa, especialista en cambio climático.
Este dato, lejos de ser una simple cifra técnica, tiene implicaciones muy concretas. Entre el periodo preindustrial y el año 2024, se estima que la temperatura promedio nacional ha aumentado alrededor de 1.8 °C. Este incremento térmico ha intensificado fenómenos como las sequías prolongadas, la desertificación en zonas anteriormente fértiles, la degradación de suelos, la pérdida de cobertura vegetal y el estrés hídrico que padecen comunidades rurales y urbanas por igual.
Lo más alarmante es que los efectos del calentamiento global en México ya no son una amenaza futura: son una realidad presente. Las consecuencias de esta crisis climática son visibles y cuantificables en distintos sectores de la economía y la vida cotidiana. Un ejemplo revelador lo ofrece el propio Estrada Porrúa, quien recordó que en 2006 su equipo de investigación elaboró una proyección sobre el impacto del cambio climático en la producción de café en el estado de Veracruz. En ese entonces, se estimaba una reducción del 24 % en la producción hacia el año 2020. Sin embargo, los datos actuales indican que la disminución real se ha acercado al 48 %, lo que significa que los efectos han sido el doble de severos de lo previsto. Esto pone en evidencia la subestimación de las proyecciones y la necesidad de fortalecer los modelos predictivos con enfoque territorial y multidisciplinario.
Casos como este reflejan que las consecuencias del calentamiento global no se limitan al ámbito ambiental, sino que afectan profundamente las actividades productivas, el bienestar social y la estabilidad económica del país. La agricultura, el acceso al agua potable, la infraestructura urbana, la salud de las personas y la conservación de la biodiversidad están siendo impactadas de manera simultánea y creciente.
Ante este panorama, México enfrenta el reto impostergable de acelerar su acción climática. Se requiere de un compromiso decidido y coordinado entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Las estrategias deben abarcar tanto medidas de mitigación —como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el impulso a las energías renovables y la movilidad sustentable— como acciones de adaptación que fortalezcan la resiliencia de las comunidades, la protección de los ecosistemas y la gestión responsable del agua y los suelos.
La crisis climática no es una amenaza abstracta. Es una realidad que ya golpea con fuerza a millones de mexicanas y mexicanos. Enfrentarla no es solo una cuestión ambiental, sino una urgencia social, económica y ética. Solo con políticas públicas robustas, conocimiento científico actualizado y una ciudadanía consciente y participativa será posible reducir los riesgos y construir un futuro más justo y sostenible para las próximas generaciones.
Información: Informador / El País
Fotografía: La Nación



