PRI impulsa sanciones penales más severas contra fraudes laborales digitales
Ante el preocupante aumento de ofertas de empleo fraudulentas y su relación con la desaparición de personas en México, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que busca tipificar y castigar con mayor rigor estas prácticas ilícitas. La propuesta contempla sanciones de hasta diez años de prisión para quienes, a través de medios digitales, promuevan vacantes ficticias con la intención de engañar y vulnerar a la población.
En específico, la iniciativa plantea adicionar el artículo 387 Bis al Código Penal Federal, estableciendo penas de cinco a diez años de prisión, así como multas de 300 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA), en función del daño ocasionado. Con ello, el PRI busca actualizar el marco jurídico para enfrentar un fenómeno que ha cobrado fuerza en la última década gracias a la masificación de plataformas digitales.
Durante la presentación, se destacó que redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp se han convertido en canales donde circulan de manera masiva estas falsas ofertas de empleo, aprovechando la urgencia económica y la necesidad de muchas personas por incorporarse al mercado laboral. Estas publicaciones suelen prometer sueldos altos, contratación inmediata y mínimos requisitos, lo que facilita su viralización y dificulta su identificación oportuna.
Para dimensionar el problema, se citó información del reporte Termómetro Laboral de OCC Mundial, empresa especializada en reclutamiento y capital humano, que revela que 69 de cada 100 personas en México se topan con vacantes fraudulentas al menos dos veces por semana. Este dato refleja que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno extendido que requiere una respuesta legislativa contundente.
El Grupo Parlamentario del PRI subrayó que, si bien el avance tecnológico ha transformado positivamente el mercado laboral, la falta de regulación específica ha sido aprovechada por redes criminales para cometer fraudes, extorsiones, robo de datos personales y, en los casos más graves, delitos como la trata de personas. Como ejemplo de las consecuencias más graves de este tipo de fraudes, se recordó el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron hallados indicios de un centro clandestino de exterminio. Testimonios y reportes periodísticos apuntan a que varias víctimas habrían sido reclutadas mediante ofertas laborales falsas para actividades agrícolas o de seguridad.
También se mencionó el informe Trabajos falsos, del Centro de los Derechos del Migrante, que documenta cómo miles de personas han sido engañadas por supuestas agencias de reclutamiento en el extranjero, lo que demuestra que este fenómeno afecta de manera particular a los sectores más vulnerables de la población.
Finalmente, la bancada priista precisó que esta propuesta tiene un enfoque preventivo: busca cerrar el paso a prácticas deliberadamente engañosas sin criminalizar errores administrativos o diferencias contractuales genuinas. Con ello, se pretende proteger de manera más efectiva la integridad, libertad y vida de quienes buscan un empleo digno, garantizando que la tecnología sirva como herramienta de desarrollo y no como vehículo para el delito.
Información: GPPRI en la Cámara de Diputados
Fotografía: Freepick
