Seguridad fallida: Una estrategia que mata
La situación de inseguridad en Sinaloa es una de las más alarmantes del país y refleja con claridad el fracaso de la estrategia de seguridad implementada. A pesar del discurso oficial que insiste en que las cosas “van bien”, la realidad demuestra lo contrario: homicidios al alza, balaceras diarias, territorios en disputa, ausencia del Estado y una población que vive con miedo.
Los datos son contundentes. En los primeros seis meses de 2025 se registraron 893 asesinatos en el estado, y junio cerró con 207 homicidios, una cifra que representa un aumento del 266 % respecto al mismo mes del año anterior. Esta tragedia no es una coincidencia ni un fenómeno aislado. Es el resultado directo de una estrategia de seguridad fallida, incapaz de contener la violencia ni de garantizar lo más elemental: la vida.
Pero más allá de los números, la percepción ciudadana lo confirma. Culiacán, la capital del estado, lidera la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana: el 90.8 % de sus habitantes declara sentirse inseguro. Esta cifra coloca a Culiacán como la ciudad con mayor percepción de inseguridad en todo el país, reflejo de una realidad insostenible que se vive todos los días en las calles. Donde el gobierno habla de avances, la población habla de miedo.
El dirigente nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno, ha calificado como “inaceptable” la situación que enfrentan los sinaloenses. Desde su posición, ha señalado que no solo es insostenible que las autoridades minimicen la crisis, sino que resulta ofensivo que insistan en que la estrategia “está funcionando”. En sus palabras, afirmar eso es “una falta de respeto al dolor de las familias mexicanas”. Y tiene razón. El sufrimiento diario de miles de personas contrasta brutalmente con el triunfalismo federal. Las cifras son oficiales, los cuerpos están en las calles, las escuelas cerradas, y aun así el gobierno repite que “todo está bajo control”.
La respuesta institucional ha sido ineficaz. No se ha construido paz, no se han fortalecido las policías, no se ha protegido a las víctimas. Lejos de reducir la violencia, la estrategia actual ha detonado una lucha interna entre grupos criminales, provocando más de 1 600 asesinatos y casi 2 000 desapariciones en regiones como Badiraguato, Cosalá y Elota. Las escuelas han tenido que cerrar, se contabilizan al menos 50 estudiantes asesinados, y la vida cotidiana ha sido interrumpida por amenazas, bloqueos, tiroteos y desplazamientos forzados. Es una situación que ningún informe maquillado puede ocultar.
Y Sinaloa no es el único caso. En estados como Sonora, el panorama es igual de crítico: extorsiones, desapariciones y homicidios en aumento, mientras los gobiernos locales prefieren justificar sus errores que enfrentarlos con responsabilidad. La estrategia de seguridad no solo ha sido insuficiente; ha sido negligente. Lo más grave es que, pese a las advertencias de expertos, legisladores y organizaciones civiles, el gobierno federal sigue sin corregir el rumbo.
Ante este escenario, el PRI ha reiterado su llamado a replantear con urgencia la política de seguridad nacional. El combate al crimen organizado no puede seguir dependiendo de despliegues militares sin inteligencia ni coordinación. Se necesita una estrategia firme, con decisiones valientes, fortalecimiento institucional y verdadero compromiso político. Porque mientras el gobierno se aferra a una narrativa de éxito, la violencia se expande, la impunidad crece y la ciudadanía pierde lo más valioso que tiene: la esperanza de vivir sin miedo.
La situación es insostenible. México no merece un gobierno que normalice el horror. Urge recuperar el control del territorio, restaurar el estado de derecho y construir una paz duradera desde las instituciones civiles, no desde los discursos.
Sinaloa grita por justicia. Y el país entero debería escuchar.
Información: Prensa PRI / El País / QUADRATIN México
Fotografia: Ibero
