México no enfrenta una crisis menor. Enfrenta una acusación directa del gobierno de Estados Unidos contra un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo señalamientos de colaboración con el crimen organizado para llegar al poder.
Y frente a ello, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo ha sido insuficiente: ha sido profundamente reveladora.
En su conferencia matutina de hoy, la presidenta optó por el camino más cómodo: poner en duda las acusaciones, exigir “pruebas contundentes” y sugerir que, de no existir, todo podría tratarse de un “acto político”. Al mismo tiempo, elevó el discurso de soberanía y denunció una supuesta “injerencia” extranjera, desviando el foco del punto central: la gravedad de los hechos.
Ese posicionamiento no es prudencia. Es evasión.
Porque en lugar de asumir la dimensión del escándalo —un gobernador señalado por narcotráfico por autoridades extranjeras—, el gobierno decidió atrincherarse en una narrativa defensiva: “si no hay pruebas, es político”. Pero el problema es justamente ese: México no puede esperar pasivamente a que otros prueben lo que aquí debería investigarse con urgencia.
La presidenta también afirmó que no se detendrá ni a un ciudadano ni a un funcionario sin pruebas. Nadie discute eso. El problema es otro: ¿dónde está la iniciativa del Estado mexicano para investigar por sí mismo con seriedad, profundidad y sin sesgos políticos?
Porque mientras el discurso oficial exige evidencia, el mensaje político que se proyecta es de respaldo. Ese es el verdadero daño: la percepción de impunidad anticipada.
El énfasis en la soberanía tampoco resuelve el fondo. Nadie está planteando que México renuncie a ella. Pero utilizarla como escudo frente a acusaciones de narcotráfico es una señal peligrosa. La soberanía no puede convertirse en coartada para evitar rendición de cuentas.
Ante eso, el país no necesita discursos nacionalistas. Necesita claridad moral.
Porque hay algo aún más grave que las acusaciones: la normalización de la duda.
Hoy no se defiende la legalidad, se administra la incertidumbre.
Y eso tiene consecuencias.
Cuando la jefa del Estado reacciona minimizando, relativizando o politizando acusaciones de esta magnitud, el mensaje es devastador: la lealtad política pesa más que la exigencia de verdad.
México no puede permitirse ese lujo.
No es momento de cerrar filas. Es momento de abrir investigaciones.
No es momento de cuestionar al mensajero. Es momento de esclarecer los hechos.
No es momento de tibiezas. Es momento de definir si este país va a enfrentar al crimen… o a convivir con él desde el poder.
Porque cuando el poder duda, el crimen avanza.
Y hoy, más que nunca, México necesita certezas.
*Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Puebla
