Los derechos políticos electorales de las mujeres con discapacidad a 70 años del sufragio femenino en México

Norma Angélica Aceves García *

“Nuestra Fuerza es el espíritu, acaso en el mundo de hoy alguien piense que es una fuerza pequeña, pero es la única fuerza nuestra y tenemos que usarla”.

Rubén Bonifaz Nuño.

Hace 70 años se aprobó la Ley que eliminaba la desigualdad en los derechos políticos para las mujeres en México, las mujeres después de años de lucha lograron que todas las mujeres pudiéramos elegir de forma libre y secreta a nuestros representantes populares, un año después en 1954, Aurora Jiménez, se convirtió en la primera diputada electa.

En todo ese tiempo, hay poca memoria legislativa sobre la incorporación de alguna mujer con discapacidad, sin embargo, después el advenimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008, al año siguiente cuatro mujeres con discapacidad, Claudia Anaya, Yolanda de la Torre, Nelly Miranda y Daniela Nadal fueron electas como diputadas federales.

Este dato podría resultar relevante, sin embargo a la fecha han transcurrido cinco legislaturas federales, y solamente Catalina Díaz, Mónica Herrera, María José Escobedo y quien escribe, hemos tenido la oportunidad de ser legisladoras federales, reconociendo que Claudia Anaya y Yolanda de la Torre, han ocupado una curul en más de una ocasión y también son las únicas que han sido electas como Senadoras de la República.

Es decir, de 2009 a 2023, solo ocho mujeres con discapacidad hemos tenido la oportunidad de ejercer el derecho a ocupar un cargo de elección popular, algunas mujeres más han sido diputadas locales, síndicas, regidoras y por supuesto en la elección de 2021, más mujeres con discapacidad participaron, en con amplios márgenes de desigualdad, como candidatas a algún puesto de elección popular.

Así las cosas, debemos reflexionar sobre los derechos políticos de las mujeres con discapacidad, quizá la desigualdad más visible es el derecho a ocupar un cargo de elección, pero comencemos con el ejercicio del sufragio.

Aún en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales subiste una facultad discrecional para que no puedan ingresar a la casilla “personas privadas de sus facultades mentales” (sic), esto indudablemente contiene una visión excluyente de las personas con discapacidad, ya que se afirma que la decisión de una persona debe determinarse en función de su capacidad mental, que es relativa entre los individuos; pero el ejercicio del sufragio está dada por un derecho, la capacidad jurídica.

Además, no siempre existe la posibilidad de que haya accesibilidad en las casillas, reconozco el trabajo de las autoridades electorales y locales para aumentar estas medidas, pero es claro que la accesibilidad es el gran pendiente en esta materia.

Para ejercer en igualdad de condiciones el voto, es necesario tener información, nuevamente la accesibilidad es un pendiente, pocas campañas políticas incluyen formatos accesibles, aunque la legislación lo dispone, los partidos políticos hacen poco para garantizar que todas las personas conozcan sus plataformas y más aún, generan procesos de apertura para escuchar a las personas con discapacidad.

Salvo el PRI los demás partidos políticos no tienen un espacio dedicado a la participación política de las personas con discapacidad, en consecuencia, los demás partidos cuando llegan las campañas “dan” candidaturas solo para cumplir las cuotas que les impone el INE, sin un compromiso real de inclusión, es decir en posiciones o distritos donde no van a ganar.

Es ahí donde está otra barrera, es necesario que los partidos, así como sucede con las mujeres otorguen recursos públicos para la formación política de las personas con discapacidad y que tengan una instancia permanente dedicada a este fin. Sin la formación de cuadros, cada elección los partidos incorporarán personas con discapacidad solo para cumplir con los requisitos que la Ley electoral les impone.

Pero el vía crucis no termina ahí, en la campaña las condiciones son injustas, no se considera que una persona con discapacidad que es candidata, requiere un costo adicional de gastos de campaña para poder competir con igualdad, dado de las condiciones de movilidad, acceso a la información y la comunicación no son iguales.

La autoridad electoral debe reconocer esta desigualdad y generar un modelo accesible de fiscalización de los recursos públicos en campaña, que permita que las personas con discapacidad en el ejercicio de las candidaturas puedan competir en igualdad, de otra manera será muy complicado que se pueda lograr una verdadera equidad en los procesos de campaña y siempre será más factible que pierdan las elecciones.

Actualmente, los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral ha determinado para cumplir con las acciones afirmativas de los grupos vulnerables, no favorecen la inclusión de las personas con discapacidad, en términos generales todas las acciones afirmativas están en la misma bolsa y cada partido podría decidir si postula una o varias personas con discapacidad, o de cualquier otro grupo; la incorporación de las personas en situación de pobreza, reduce las posibilidades de las personas con discapacidad, dado que sería más sencillo para cualquier partido incorporar a una persona pobre, es decir con una determinación ambigua; que una persona con discapacidad.

Así tal como la lucha por los derechos políticos de las mujeres, siempre habrá avances y retrocesos, pero lo que va a determinar la igualdad plena, no es la velocidad o la fuerza, es la constancia; debemos insistir, insistir e insistir.

Las mujeres con discapacidad aún no tenemos el poder político para cambiar las cosas con la velocidad que demandan las circunstancias de rezago y marginación que vivimos; pero esto más que un fracaso, debe considerarse un aliciente.

En la física la inercia se define como la diferencia entre dos fuerzas, una que mantiene el estado de las cosas y otra que busca moverlas; es evidente que para los grupos de poder que manejan los partidos políticos representan la fuerza que quiere mantener el estado actual. Las mujeres con discapacidad, somos una de las muchas fuerzas que están trabajando por mover para cambiar.

Nuestra fuerza es pequeña, pero debe ser constante, así como la gota de agua que se abre paso entre las rocas, como la débil brisa que moldea la forma de las montañas; nuestra fuerza es el espíritu, nos asiste la razón y la voluntad.

Sin duda los cambios que anhelamos no los veremos en esta generación, quiero pensar que Aurora Jiménez en 1954, al verse sola en aquella legislatura, soñó que un día la Cámara sería paritaria, supo entonces que en vida no lo vería, pero no tuvo miedo, pensó en el futuro y luchó por la paridad.

Las mujeres con discapacidad de hoy, tenemos que reconocer que estamos dando los primeros pasos y que sin duda un día, en el que ya no estaremos aquí, habrá muchas más mujeres con discapacidad ejerciendo el poder y cambiando las cosas que hoy no podemos.

En esta legislatura he subido en cada discusión presupuestal a pedir al menos el uno por ciento de los recursos del país para las personas con discapacidad, en cada uno de esos momentos lo que me motiva a subir a la alta tribuna de la nación no es la esperanza de mover la dura coraza de la sinrazón; sino que, así como todas las mujeres que me antecedieron en el pasado, desde 1954 a la fecha buscaron el anhelo de la igualdad.

Mi esperanza es seguir insistiendo como el agua que se abre paso para formar un manantial, continuar con la fuerza que quiere romper la inercia que detiene la inclusión, mi fe está en las mujeres con discapacidad que vendrán.

Nuestra fuerza es el espíritu, acaso en el mundo de hoy alguien piense que es una fuerza pequeña, pero es la única fuerza nuestra y tenemos que usarla.

* Secretaria de Atención a Personas con Discapacidad y Diputada Federal