Opinión

El ataque a las energías limpias es un ataque contra el futuro de México

Fernando Zendejas Reyes*

El Acuerdo de la Secretaria de Energía por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el viernes 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), implica violaciones procedimentales tanto a la competencia económica como a la Ley de la Industria Eléctrica.

Como respondió por oficio el martes 12 de mayo, el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (SENER), dicho acuerdo tiene efectos sobre particulares, por lo que debía someterse al Análisis de Impacto Regulatorio ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). Ello implica que la SENER reciba comentarios, los responda y realice las modificaciones procedentes.

Desgraciadamente, el viernes 15 de mayo se publicó ese Acuerdo en el DOF, unas horas después de haberse cargado al sistema de la CONAMER. Ese mismo día renunció el titular de la CONAMER nombrado por López Obrador en diciembre de 2018 y, acto seguido, la CONAMER declaró que el Análisis de Impacto Regulatorio era inaplicable al tratarse de una política. Según esa nueva postura, diametralmente opuesta a la que manifestó el lunes 11 de mayo al DOF, el Análisis de Impacto Regulatorio será solicitado hasta que la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) emitan una regulación que acate lo previsto en esa política de la SENER.

De igual forma, el acuerdo otorga facultades discrecionales al CENACE para negar la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga por cuestiones distintas a las previstas en la Ley de la Industria Eléctrica. Adicionalmente, contraviene el despacho eficiente previsto en la Ley de la Industria Eléctrica y las Reglas del Mercado Eléctrico Mayorista, las cuales señalan que las energías intermitentes (como la eólica y la fotovoltaica) deben despacharse conforme generan al no poder regular la cantidad de energía que producen. Así, la SENER violenta el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. Corresponderá al Poder Judicial de la Federación analizar la constitucionalidad de este Acuerdo, violatorio del principio de jerarquía normativa, ya que vía un acuerdo administrativo pretenden derogar lo previsto en una ley federal.

La SENER impone barreras de entrada a generadores privados y favorece indebidamente a un participante del mercado eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una actividad que no está reservada para la nación desde diciembre de 2013 (generación de electricidad), con lo cual viola la Ley Federal de Competencia Económica. El sistema eléctrico nacional requiere gran cantidad de inversión y es fundamental para el crecimiento económico del país. La CFE sigue siendo monopólica en transmisión y distribución de energía eléctrica al estar reservadas constitucionalmente; sin embargo, la subinversión en ambas es preocupante y pronto puede ocasionar apagones masivos.

El Gobierno federal ahuyenta inversiones y pone en riesgo el desarrollo eficiente del sistema eléctrico nacional pretextando que la pandemia alteró la demanda, sin admitir que su intención es obligar a CFE a generar energía cara y contaminante con el combustóleo que produzcan las refinerías de Petróleos Mexicanos, a la cual están obligando a extraer petróleo, a pesar de que su precio de venta es menor al de producción. La energía es un medio para el desarrollo económico, encarecer su precio y contaminar el medio ambiente por obsesiones políticas, es atentar contra todos los mexicanos.

 

*Presidente de la Comisión de Energía del CPN del PRI

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