La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), durante nueve años, se ha encargado de solucionar de manera favorable las problemáticas de los contribuyentes a través de los servicios de asesoría, orientación, quejas, reclamaciones, representación legal y acuerdos conclusivos de manera gratuita.
Sin embargo, momentos difíciles se vienen para los pagadores de impuestos, ya que, el pasado 5 de junio, la PRODECON emitió un comunicado en dónde señala el cierre definitivo de 20 delegaciones a nivel federal con motivo del recorte presupuestal del 75% en la operatividad del organismo, medida implementada por el Gobierno de México en su mal llamada “austeridad republicana”, dejando con ello a los contribuyentes en total desamparo de actos u omisiones emitidos por autoridades fiscales federales y en consecuencia afectando el derecho humano de recibir acceso a la justicia en materia tributaria.
El cierre de 20 delegaciones a nivel federal dejará indefensos a más de ocho millones de contribuyentes (campesinos, obreros, asalariados, pequeños empresarios, madres solteras, estudiantes, migrantes, adultos mayores, pensionados y jubilados). Sin un defensor de derechos humanos en materia tributaria, ¿dónde van a solicitar apoyo los contribuyentes? ¿El gobierno tendrá en cuenta que hay ciudadanos que les resulta difícil costearse una defensa técnica fiscal adecuada?
Es importante señalar que PRODECON, además de defender a los contribuyentes, ha incentivado a transmitir una cultura contributiva a los pagadores de impuestos, coadyuvando con las autoridades fiscales a la recaudación mediante acuerdos conclusivos en cantidad de cuatro mil millones de pesos, y de no seguir operando de esta manera, se pone en peligro la recaudación de por lo menos otros cuatro mil millones de pesos. Este cierre dejará al pueblo sin una representación que les de certeza jurídica ante los actos arbitrarios de las autoridades fiscales.
¿Qué pasará con todos los contribuyentes y sus problemáticas con el SAT? Con este panorama tan desalentador, es necesario preguntarse una vez más, ¿ahora quién podrá defendernos?
El derecho a recibir justicia es un derecho que debe preponderar y nos queda claro que el Gobierno federal pretende coartarle una vez más esa posibilidad al ciudadano.
Como conclusión, solamente planteo una reflexión: ¿cómo va a solucionar un gobierno los problemas, si el problema es el mismo gobierno?
*Presidente del IRH filial Aguascalientes
