Opinión

PEF 2022: Presupuesto no incluyente con personas discapacitadas

Norma Angélica Aceves García *

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022 (PEF 2022), fuimos testigos de que la visión de la actual administración, que lastimosamente y sin un mínimo de reflexión apoya la mayoría en el Congreso de la Unión, es totalmente ajena a las necesidades y mayores reclamos de la sociedad.

Esa obediencia, que responde únicamente a la voluntad de una persona, evitó que se pudiera dotar a nuestro país de un presupuesto que respondiera al contexto en el que vivimos y se enfocó en apoyar mega obras, que no son urgentes, y apoyos sociales que tienen un tufo de fines electorales.

El tema de discapacidad no fue la excepción. Desde las primeras discusiones que se realizaron en comisiones, se hizo notar la necesidad de modificar el proyecto de presupuesto para invertir una mínima parte de recursos en la recuperación del “Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad”, para promover la movilidad de las personas; en el fortalecimiento del “Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS)”, que es el organismo de coordinación nacional de la política pública que hoy está abandonado; en asignar recursos al “Instituto Nacional de Desarrollo Social” para el apoyo d las organizaciones de la sociedad civil; y en la creación del “Fondo de Ayudas Técnicas para las Personas con Discapacidad”, que tiene como objetivo que las entidades federativas cuenten con recursos para crear un banco de sistemas de apoyo, para lo que deberán desarrollar mecanismos de financiamiento tanto para productores y proveedores, así como para que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos.

Estas propuestas, que representan una clara acción para la inclusión de las personas con discapacidad y que su operación en nada ponía en riesgo la ideología de dádivas del actual régimen, plasmada en el Presupuesto de Egresos, fueron aprobadas al interior de la Cámara de Diputados, en las Opiniones que las diversas comisiones elaboraron respecto al presupuesto y que son discutidas y aprobadas, o desechadas, por quienes las integran, situación que dejaba ver una luz de que en la discusión en el Plenopudieran ser aprobadas en beneficio de las 7 millones de personas con discapacidad que hay en el país.

La sorpresa y el desánimo llegó cuando en plena discusión del presupuesto, la bancada que representa y agrupa a la mayoría de diputadas y diputados federales, señaló que no se le movería ni una coma al Proyecto de Presupuesto entregado el 8 de septiembre de 2021 por el Presidente de la República.

Al avanzar la discusión, más abrumador resultó el desencanto, pues no sólo ninguna de las propuestas fue aceptada, sino además, quienes en comisiones votaron a favor de la necesidad de hacer cambios en el presupuesto, en el Pleno votaron en contra, aún y cuando son personas con discapacidad y saben por experiencia propia lo necesario que resultaban los ajustes presupuestales para abonar a una verdadera inclusión, lo cual estoy segura que respondió a la línea dictada desde Palacio Nacional.

En 3 años de la actual administración no se ha generado alguna acción que permita a las personas con discapacidad desarrollarse e incluirse en la sociedad, el Gobierno ha basado sus esfuerzos en el programa de Pensiones para el Bienestar que no ha tenido ningún éxito y se ha limitado a ser un mecanismo que frena la inclusión y el desarrollo, que genera dependencia y, con ello, un ciclo interminable de pobreza.

Como he dicho durante más de mis 20 años en esta causa, las personas con discapacidad no buscamos dádivas, sólo exigimos que sean garantizados nuestros derechos, porque queremos desarrollo, buscar nuestras oportunidades y formar parte de cada uno de los espacios de la vida pública.

* Secretaria de Atención a Personas con Discapacidad y Diputada Federal

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