En un país donde la salud pública debería ser una prioridad indiscutible del Estado, ha causado profunda consternación que el gobierno federal haya decidido proponer como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Hugo López-Gatell Ramírez, exsubsecretario de Salud.
López-Gatell es, para muchos, el rostro más visible de la catástrofe sanitaria que vivió México entre 2020 y 2022. Bajo su conducción, la estrategia gubernamental para enfrentar la pandemia estuvo plagada de contradicciones, desinformación, negligencia e improvisación. Desde el desprecio por el uso del cubrebocas, pasando por la minimización de pruebas diagnósticas, hasta la opacidad deliberada en el registro de fallecimientos, su papel no fue el de un técnico, sino el de un funcionario dispuesto a sacrificar la evidencia científica en aras de la narrativa presidencial.
En lugar de construir una política sanitaria basada en la prevención, el fortalecimiento del sistema hospitalario y la protección de los más vulnerables, López-Gatell optó por desestimar recomendaciones internacionales, confrontar a la prensa crítica y desplegar una estrategia de comunicación que giraba más en torno al control político que a la contención del virus.
Las consecuencias están a la vista: México se colocó entre los países con más muertes por COVID-19 en números absolutos y en exceso de mortalidad, pese a que su población no es la más envejecida ni la más densa del mundo.
Lo más indignante es que, en lugar de ser llamado a rendir cuentas, hoy López-Gatell es promovido al escenario internacional, como si su desempeño mereciera reconocimiento. El gobierno de México, con esta decisión, insulta a las más de 800 mil familias que perdieron a un ser querido, muchas de ellas en condiciones de abandono, sin medicamentos, sin acceso a una cama de hospital o a un respirador.
El mensaje que se manda es devastador: en México, la impunidad no sólo se tolera, sino que se premia. Y lo que es peor, se exporta.
Pero más allá de la persona, el caso de López-Gatell refleja una lógica más profunda y preocupante: el desdén del régimen actual por los perfiles técnicos autónomos y su obsesión por la lealtad ideológica. En lugar de construir instituciones fuertes, el gobierno las debilita colocando en puestos estratégicos a figuras cuya principal virtud es haber defendido al proyecto político por encima de su responsabilidad profesional.
La salud no se improvisa, ni se dirige desde la ideología. Es una ciencia que requiere rigor, compromiso con la verdad, transparencia, y, sobre todo, una vocación de servicio humano. No se trata de negar los errores del pasado, sino de aprender de ellos. México necesita reconstruir su sistema de salud con base en la evidencia, no en el cálculo político. Y para ello, debe empezar por reconocer que quienes fallaron no merecen homenajes, sino investigación.
López-Gatell debería estar siendo interrogado por una comisión independiente, no empacando para Ginebra. Su papel durante la pandemia debe ser documentado, analizado y juzgado con responsabilidad histórica. Solo así podremos honrar la memoria de quienes no sobrevivieron y evitar que errores semejantes vuelvan a repetirse.
Lo contrario, como lo estamos viendo, es un acto de cinismo institucional. Y en salud pública, el cinismo mata.
*Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado
