Día Internacional del Trabajo: Promesas y Realidades
En una fecha con profundas raíces históricas, que evoca la lucha de los trabajadores por condiciones dignas y jornadas justas, México conmemora el Día Internacional del Trabajo. A 139 años de la revuelta de Haymarket en Chicago, que inspiró esta efeméride, el país enfrenta retos persistentes en su panorama laboral, que contrastan con el discurso que el oficialismo predica.
El Día del Trabajo se instauró oficialmente en México en 1923 como reconocimiento a las luchas obreras del siglo XX, incluyendo las huelgas de Cananea y Río Blanco. La fecha simboliza no solo los avances históricos, sino también los compromisos aún incumplidos del Estado con su clase trabajadora. Lejos de representar una celebración plena, hoy esta fecha obliga a reflexionar sobre un mercado laboral donde las cifras revelan una realidad preocupante.
De acuerdo con datos del INEGI al cierre del primer trimestre de 2025, 32.5 millones de personas trabaja en la informalidad. Esta condición implica la ausencia de prestaciones, seguridad social, acceso a créditos y estabilidad laboral. Si bien se han anunciado políticas para reducir esta cifra, la proporción se ha mantenido prácticamente estancada desde 2019, lo que refleja una ineficacia en los mecanismos para integrar a millones de personas al trabajo formal.
Otro dato preocupante es la baja calidad del empleo. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, más del 60% de los trabajadores gana menos de dos salarios mínimos diarios es decir, menos de 432 pesos, lo que los coloca por debajo del umbral de bienestar determinado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). A esto se suma que más de 13 millones de personas trabajan más de 48 horas semanales, lo cual vulnera el principio de jornada justa.
La inflación acumulada desde 2021 ha sido superior al 20%, lo que ha deteriorado significativamente el poder adquisitivo de los hogares. Los aumentos al salario mínimo, si bien son importantes, han sido absorbidos en buena parte por el encarecimiento de productos básicos, transporte y servicios. En la práctica, millones de familias siguen enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades elementales, a pesar de tener un empleo.
Entre los sectores más afectados se encuentra la juventud, pues actualmente uno de cada cinco jóvenes entre 18 y 29 años se encuentra desempleado o subempleado, y más del 30% trabaja en condiciones de informalidad. Aunque se han impulsado programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, múltiples auditorías y reportajes independientes han señalado fallas estructurales, simulación de empleos y una débil vinculación con el mercado formal.
El panorama para las mujeres también continúa marcado por la desigualdad. La participación laboral femenina se mantiene en torno al 44%, y la brecha salarial de género oscila entre el 16% y 20%, dependiendo del sector. Las políticas públicas enfocadas en el cuidado, la prevención del acoso y el acceso equitativo a oportunidades siguen siendo insuficientes y dispersas. La falta de guarderías, licencias equitativas y protocolos eficaces en espacios laborales representa una barrera estructural para millones de mujeres.
Por otra parte, persisten cuestionamientos sobre la efectividad del nuevo modelo de justicia laboral. Aunque se ha reformado el sistema con tribunales especializados y protocolos más ágiles, los rezagos judiciales y la falta de personal capacitado aún afectan el acceso real a la justicia para trabajadores que denuncian despidos injustificados o violaciones contractuales.
La subcontratación ilegal también ha resurgido bajo nuevas figuras, a pesar de su prohibición formal en 2021. Empresas y empleadores han encontrado mecanismos para eludir la ley mediante esquemas de “prestación de servicios especializados”, que en los hechos replican prácticas de precarización y falta de responsabilidad patronal.
Finalmente, la inversión en inspección laboral ha disminuido en términos reales. Según datos de la STPS, el número de visitas de verificación laboral ha caído 22% desde 2020, mientras que los recursos destinados a inspección y vigilancia se han mantenido por debajo del 0.1% del presupuesto federal. Esto deja a los trabajadores prácticamente indefensos frente a abusos laborales cotidianos.
Este 1 de mayo es una oportunidad para revisar con seriedad las condiciones en las que millones de personas trabajan en México: sin derechos plenos, con ingresos insuficientes y sin garantías de un futuro digno. Honrar la historia del movimiento obrero implica también corregir los errores del presente, fortalecer las instituciones laborales y priorizar, sin simulaciones, el bienestar de quienes sostienen día a día la economía nacional.
Información: National Geographic / INEGI
Fotografía: Archivo
